Escrito por: Leibi Ng
La seguridad ciudadana constituye uno de los principales indicadores de desarrollo humano en cualquier país, junto a la educación, la seguridad social, la salud, la vivienda y la alimentación.
Pasear por un parque, regresar en la noche a la casa desde el centro de estudios o de trabajo, caminar por necesidad o por placer por cualquier calle de cualquier ciudad y hasta estar en la tranquilidad del hogar puede ser peligroso y genera angustia y miedo.
La inseguridad implica la pérdida de derechos fundamentales y el bienestar de las personas. Los delitos y las diferentes formas de violencia son factores que limitan las oportunidades y el derecho de las personas de vivir libres de temor y amenazas.
Es urgente tarea de nuestra sociedad la definición políticas y la asunción de un plan de trabajo y un programa de acciones que permitan asumir en toda su dimensión, el tema del crimen, la delincuencia y de la seguridad ciudadana
Las autoridades hacen anuncios grandilocuentes de escasa efectividad real.
Iniciativas como la Mesa de Seguridad Ciudadana y Género, que tiene como objetivo reforzar la lucha contra la delincuencia y la criminalidad con la integración de la comunidad, el plan Barrio Seguro, los patrullajes especiales mixtos que implican la ocupación policiaco-militar de sectores enteros, los Operativos Sorpresa, la reducción del horario de lugares de recreación en los que se vende bebidas alcohólicas han sido poco eficaces para reducir la delincuencia y elevar la seguridad, la confianza y la paz ciudadanas.
La Seguridad Ciudadana es una tarea necesaria, urgente e impostergable que requiere grandes inyecciones de recursos financieros y capital político. Las autoridades dan muestra de carecer de liderazgo, voluntad y capacidad necesarios para asumir correctamente este desafío.
El caos en el tránsito, las ocupaciones de espacios públicos y de terrenos privados, la indefensión de la gente ante los asaltos indiscriminados, por encargo o por sicariato, al auge de la violencia social en todas sus manifestaciones tienen como contraparte una Policía inefectiva y sin liderazgo, mal remunerada y peor dirigida.
La «solución» ha sido no informar los crímenes y los actos delictivos para disminuir «la percepción de inseguridad» y elevar la tranquilidad en la ciudadanía.
El silencio policial no resuelve la necesidad de mejores salarios, equipos, entrenamiento y dirección que requiere la entidad ni la modificación necesaria del contexto socioeconómico y la eficacia de la atención prestada por el sistema de atención a las personas afectada por agresiones, la acción de los poderes públicos y las fuerzas de seguridad del Estado, y la propia actitud de la gente, que modifica sus hábitos por miedo a convertirse en víctima.
La generación de informaciones adecuadas sobre crimen y violencia es una herramienta indispensable para la definición de acciones y políticas públicas eficaces.
Corresponde a las cabezas visibles de los poderes públicos formales y fácticos dar ejemplo de respeto a las leyes evitando el efecto pernicioso de la corrupción, el cohecho y la prevaricación que se constituyen en modelos pedagógicos perversos de quienes ejercen el poder y deben ser respetados, admirados e imitados por la ciudadanía.
Coincidimos con el Observatorio de Seguridad Ciudadana cuando afirma que «…, los poderes públicos deben asumir que, para incidir en seguridad ciudadana, la tradicional óptica reactiva basada en el orden público, debe complementarse con iniciativas de corte socioeconómico que posibiliten la cohesión social y la promoción de los medios de convivencia pacífica, para que las personas puedan vivir y desarrollarse libres de amenazas.
