José Ceballos, mejor conocido como Chichí, es director de Fortalecimiento Institucional de las Casas Comunitarias de Justicia de Participación Ciudadana, un movimiento cívico no partidista. Si quieres saber, lee un chin más para abajo, te va a gustar.
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JC: Participación Ciudadana está llamada a defender los derechos de ciudadanía, es una organización de ciudadanos y de ciudadanas preocupada –no por la individualización de su grupo–, sino por el fortalecimiento institucional del país para que todos los sectores de la vida nacional se puedan beneficiar. Por ejemplo, trabajar en el marco jurídico institucional del Estado: qué funciona, qué no funciona, qué necesita el país, qué no tiene y cómo hacer propuestas al Estado para asumir eso. Estamos hablando de cambio de leyes, reforma judicial, estamos hablando de reforma política en el país… y nos hemos ido especializando… creo que Participación Ciudadana es la única institución civil que trabaja directamente los problemas políticos y sus consecuencias.
¿Entonces a qué estamos dedicados fundamentalmente? A darle seguimiento al régimen electoral, a darle seguimiento a la problemática de la corrupción en el país –que afecta a todo el mundo de manera brutal–, estamos dedicados a elaborar propuestas que permitan la reforma de algunas leyes que son vitales para que la democracia pueda existir, y ahí se incluyen los derechos humanos –y como derecho el acceso a justicia– porque Participación ha caído en la conclusión de que si no hay posibilidad de que la gente se encuentre protegida en sus derechos, la situación del país va a ser cada día peor. Entonces, hay un especial interés –junto con los demás temas que te dije– en esa dirección. ¿Qué implica hacer eso? Eso implica hacer una serie de programas y proyectos como las Casas Comunitarias de Justicia, que puedan acercarse Participación –vía ellos– a la población más necesitada.
2. ¿Qué función no se está cumpliendo? |
JC: Lograr –de alguna manera– un espacio de coordinación de las instituciones de la sociedad: llámese juntas de vecinos, llámese [Organización No Gubernamental] ONG, llámese asociaciones de profesionales o asociaciones empresariales, en la cual hemos hecho mucho esfuerzo, pero no ha sido posible concretar este espacio de articulación, de coordinación y organización.
3. El periodista José Rafael Sosa reprodujo una lista de la nómina del Caliesaje de Trujillo entre el año 1960-1961. Para esa época, un maestro no debía ganar –ni en sueños– 100 pesos, pero Miguel Agustín Caucel («prensa») del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de Trujillo ganaba 700 pesos o Vittorio Tedesco, «instructor», $500 pesos. ¿Cómo se explica? |
JC: En política hay una serie de prioridades –que no necesariamente son prioridades para la ciudadanía– que dice el Gobierno o que sufre la imposición de un gobierno. Las dictaduras siempre han tenido como prioridad su seguridad para garantizar el mantenimiento en el poder por todo el tiempo que le permita la vida al dictador o que le permita el Gobierno semi-dictador, y entonces a partir de ese elemento (de querer mantenerse en el poder y de querer dirigir el país según sus pensamientos y prioridades), entonces tienen áreas del Gobierno que para ellos son más prioritarias; en ese entonces –y todavía ahora– hay inversión en la seguridad, en los organismos de seguridad que está por encima de cualquier otro servicio que deba darse a la comunidad con el recurso de la comunidad, con el recurso de la ciudadanía.
Es más claro en la dictadura que aparecen cantidades de cuerpos de niveles de seguridad y se gasta mucho en la investigación o intervención de teléfonos, se gasta mucho en una cantidad de mecanismos –que ahora son modernos– que uno no se imagina, pero para ese Gobierno es más importante que otra cosa –que cualquier otra cosa– del país. Y si es más importante, querrá tener lo mejor, querrá tener los más fieles y hay veces que esa fidelidad se compra con el dinero.
4. ¿Para qué sirven las Casas Comunitarias de Justicia y qué nos han dejado en estos diez años que cumplen ahora? |
JC: Nos están chocando muchísimo los niveles de violencia que hay en la sociedad dominicana; decimos: «la delincuencia está acabando con nosotros», y es verdad. Pero, en el fondo, hay una actitud violenta en cada ciudadano, y eso explica que se maten tantas mujeres en este tiempo. La muerte de la mujer no es por asalto, es por alguien cercano a ella, con una relación, que creyó que podía ser más violenta que ella e imponerse, quitándole la vida a una persona. Y tú le sumas a eso las muertes que se dan, muchas veces, porque alguien ocupó un parqueo… gente –que se supone– tienen maestría, que tiene estudios, que debe tener la visión de la convivencia pacífica. Te vas a dar cuenta de que hay una violencia distribuida en la sociedad.
Las Casas Comunitarias de Justicia son un centro de mediación y conciliación, que son los métodos para resolver conflictos y, al mismo tiempo, tenemos un programa de atención para lograr un cambio en la cultura, transformar la cultura de la violencia en la cultura de la paz, porque la paz no se limita a la guerra, porque la gente cree que la paz llega cuando se le pone fin a la guerra. La paz se establece cuando hay paz en la familia –porque la familia cuenta con sus derechos y todo lo que necesita para desarrollarse–; cuando hay conflictos entre juventud a través de pandillas, ahí se pierde la paz.
Nosotros trabajamos dos direcciones: una dar el servicio de resolver el conflicto, pero a partir de ahí, generar una visión diferente, un cambio de conducta, un cambio de mentalidad en la gente que le permita unirse de manera colectiva, previniendo el desarrollo de esa violencia y los delitos que eso genera.
Entonces, al principio, nos decían: «nadie va a creer en eso porque no trancan a nadie, no golpean a nadie, porque no se le puede armar un chanchullo a nadie». Sin embargo, 252 mil personas que han asistido en estos 10 años empiezan a decir lo contrario, y a darnos muestra de que lo que la gente quiere es vivir en paz, y tiene que encontrar mecanismos para vivir en paz… y los métodos de las Casas ayudan a eso… entonces, estamos trabajando en esa dirección, el trabajo con la comunidad es muy fuerte…
5. Y si hay comunitarios que quieran más Casas de Justicia (y están organizados), ¿ellos pueden llamar para que ustedes los apoyen para abrir más casas o no es así? |
JC: No, no es así porque la Casa debe obedecer a una realidad. El primer paso es con qué se comprometen los comunitarios porque no somos el Estado. Nosotros no andamos colocando Casas [Comunitarias de Justicia] por todos los lados, eso es responsabilidad de la comunidad y de las autoridades y de los empresarios que tienen algún tipo de inversión o algún tipo de producción en esas comunidades. Una vez que haya un acuerdo y que se discute cuál es el costo de esto y quién lo va a pagar, entonces podemos empezar a trabajar.
Lleva una etapa de nueve meses (como el embarazo) abrir una Casa, por eso tenemos, en diez años, nueve Casas. Porque hay que hacer un trabajo con la comunidad, hay que ubicar la fuente de la sostenibilidad y hay que lograr el compromiso conjunto de los ayuntamientos, del Poder Judicial, del Ministerio Público, para que cada quien cumpla con su rol, porque no pretendemos sustituir al Estado, sino apoyarnos para sacar adelante el proyecto.
