POR: Fuáquiti
Por Luis Reynaldo Pérez
La semana pasada seis miembros de la Policía Nacional fueron asesinados para despojarles de las armas de reglamento que portaban. Estos ataques a policías activos se han convertido en una tarea casi común de los delincuentes para conseguir así el armamento que les permita perpetrar los atracos, asaltos y asesinatos que tienen a la ciudadanía al borde de la desesperación.
Y no es que el asesinato de miembros de la uniformada sea nuevo pero está pasando con una frecuencia alarmante. Y si ellos no están seguros, imagine lo desprotegidos que estamos los ciudadanos de a pie.
Sin lugar a dudas la delincuencia organizada ha puesto de rodillas a las autoridades competentes. Todas las estrategias de seguridad nacional han sido fallidas porque se han contemplado desde la represión y no desde lo primordial, acabar con las causas que han hecho que la delincuencia no pueda ser contenida y que están ligadas directamente a la desigualdad social. Por otra parte, la reforma del cuerpo policial no ha sido aplicada con eficacia. Sacar las naranjas podridas, educar a los agentes y trabajar la seguridad preventiva debe ser la primera tarea.
Mientras tanto, siguen muriendo quienes tienen la obligación de cuidarnos. Y siguen quedando familias sin, en la mayoría de los casos, la persona que llevaba el sustento, hijos sin padres, esposas sin sus esposos.
Las autoridades deben asumir con mano dura la erradicación de este azote criminal, pero que no se entienda esto como una carta blanca para vulnerar los derechos de quienes cometen actos reñidos con la ley. Estas personas deben ser apresadas y puestas a disposición del estamento judicial para que desde ahí se imparta justicia.
