Nuestra primera entrevista del año trae al magistrado Jottin Cury, hijo. En ella nos habla del daño que ocasiona la corrupción al pueblo. Lo compara con un cáncer. Y compartimos esta comparación. Y nos parece oportuna, pues muchos funcionarios corruptos que mal sirvieron a su país en los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, están ahora con su «barba en remojo», preguntándose cuánto de los 92 millones de dólares mal habidos les descubrirán en sus respectivas cuentas bancarias. Ya vestidos o ya comidos y bebidos.
Con el explosión de «la bomba Odebrecht», la entrevista al Dr. Cury, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana cae como anillo al dedo. En ella resalta la importancia que ha de tener la institucionalidad en los organismos públicos. Pues no es el deseo individual lo que evita la corrupción, sino los protocolos de ejecución. Siempre habrá el funcionario que diga «no». Siempre habrá la funcionaria que se niegue a participar en una actividad ilícita. Si los protocolos de las instituciones son débiles, entonces se da paso a la corrupción. El comportamiento ilícito encuentra una rendija por dónde pasar.
¿Quiénes aceptaron sobornos «finos» o sobornos «a la franca»? Queremos saberlo. Es nuestro derecho saberlo y es nuestro derecho que cada mano que se haya mojado con dinero mal habido, pague con un correspondiente castigo. Es la impunidad lo que tiene a nuestra sociedad con todo «manga por hombro». Y eso no se puede permitir. Si la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones admite que, como parte del proceso de investigación, quede suspendida toda ejecución de obra en curso adjudicada a la Odebrecht , entonces la Ley debe aplicarse. Y en el caso de que la Ley no lo contemple, debe entonces revisarse y considerarse incluir esta nueva medida.
Queremos saber quiénes, cuándo, cómo, dónde. No sé si haga falta saber por qué estos funcionarios admitieron violar la Ley, pero sabemos que la pobreza y la desigualdad para las oportunidades suelen ser elementos que determinan los comportamientos de muchas personas cuya formación retorcida no da para más. En resumen, que no ha de haber justificación para aquellos que, sabiendo diferenciar el bien del mal, son capaces de elegir un beneficio económico personal, contrariando la ley, el sentido común y su sentimiento de pertenencia comunitaria.
Hay quienes no roban solo por falta de oportunidad. Hay quienes se deslumbran por el resplandor del dinero, sin importar de dónde venga ni cómo se consiga. Y son criminales. Es el caso de los implicados en los casos de la Odebrecht. Es el caso de los miembros de la organización malhechora asociada a los asaltos a bancos en plazas comerciales del país. Es el caso del miembro de la Policía de San Cristóbal que, supuestamente, aceptó un soborno (de 25 mil pesos) para dejar libre a Brayan Peter Félix Paulino, implicado en los asaltos. Y es el caso nuestro cuando miramos para otro lado, mientras devoran a nuestro país y no decimos nada.
