En nuestra cultura, con gran infuencia religiosa, nos forman para ver en la interrupción de un embarazo a una persona demoníaca o, como mínimo, sin corazón. Pero por encima de lo que nos enseñaron de chiquiticos, de grande aprendimos que lo que debe regir la vida ciudadana no es la Biblia (por más que nos guste leerla), sino las leyes. Las personas pueden elegir (o no) creer en una religión. Es su derecho. Sin embargo, es el derecho constitucional el que debe velar porque todos los seres humanos recibamos un trato igualitario, respetuoso de nuestra dignidad. Seamos creyentes o no.
Por eso la LEY debe garantizar la protección de la vida de la mujer o la niña en gestación. La mujer no solo sirve para tener bebés, es en sí misma una vida que merece cuido y merece respeto a su dignidad, dignidad que muchas veces ha sido golpeada por una violación, a veces hasta incestuosa en niñas de hasta diez y once años. ¿Hay derecho a someter a una niña a semejante tortura psicológica con garantía de daño a su salud física y mental? No solo es una persona abusada, también la sociedad (usted y yo) la condenamos a correr el riesgo de morir.
Millones de parejas ‘embarazadas’ (pues los padres también cuentan) elegirán tener a su bebé, así sea que no tengan dinero para mantenerlo. Pero el dinero no es la única cuestión. Los territorios de América Latina (AL) que penalizan el aborto son Haití, Surinam, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Chile y República Dominicana.
29 lo permiten con una variedad de razones posibles. La primera EVITAR QUE LA MADRE EN RIESGO MUERA A CAUSA DEL EMBARAZO. Quien tiene dinero para hacerse un aborto, solo tiene que viajar a cualquiera de los 29 TERRITORIOS de AL donde los derechos de la salud de la mujer sí son reconocidos. Quienes no tienen dinero para hacerlo en un centro médico con las condiciones adecuadas, correrán el riesgo de morir en la práctica de un aborto clandestino.
Por ejemplo, en el Caribe el 46% de los abortos practicados en el 2008 fueron inseguros, según estadísticas de Guttmacher Institute. Pero es
bueno que se sepa que –de la región del Caribe– solo Haití y República Dominicana lo penalizan. Lo que puede signi car que en los otros países que conforman el Caribe, las niñas y las mujeres que fueron intervenidas, tuvieron mayor posibilidad de preservar sus vidas, pues NO tuvieron que recurrir a los proveedores de salud clandestinos.
¿Por qué tantos países han reconocido en el aborto los derechos de las niñas y las mujeres? Porque la interrupción a tiempo de un embarazo les puede preservar su vida y porque la economía de los países también se ve afectada. Muchas mujeres mueren por prácticas callejeras y dejan en la orfandad a sus hijos e hijas ya nacidos.
Nuestro sistema condena a la mujer a vivir con un marido abusador cuando no le provee la red de apoyo y la protección; la condena cuando la señala por llevar un preservativo en la cartera o usar pastillas anticonceptivas sin estar casada. Si la violan, la culpa es «suya» porque andaba con tiritos. Pero también la condena si debe interrumpir un embarazo, así sea para salvar su vida. Algo en nuestro país no va bien: no nos quedemos calladas.
